Resolución SRT 25/1997

Aprobar el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos de los empleadores y empleadores autoasegurados, conforme lo dispuesto en el Anexo I

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BUENOS AIRES, 26 DE MARZO DE 1997

VISTO las Leyes Nº 18.694, 18.695 y 24.557 y el Decreto Nº 334 del 1º de Abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 32 de la Ley Nº 24.557 en su inciso 1° establece las sanciones a aplicar para los supuestos de incumplimiento de las obligaciones a cargo, entre otros, de los empleadores autoasegurados;

Que el artículo 4º, apartado 2, segundo párrafo, de la Ley Nº 24.557 faculta al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones a aplicar para los casos de incumplimientos de las obligaciones que se convienen en el Plan de Mejoramiento;

Que el sistema implementado por la Ley de Riesgos del Trabajo ha modificado tácitamente la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, incorporando el Plan de Mejoramiento como etapa previa a satisfacer por el empleador, hasta alcanzar el cumplimiento pleno de las directivas impuestas en las normas de fondo;

Que asimismo, el artículo 4º apartado 3, establece categóricamente la eximisión de la aplicación de sanciones vinculadas con los incumplimientos a la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, al empleador que se encuentre ejecutando el Plan de Mejoramiento en la forma y con los alcances acordados con la Aseguradora;

Que el artículo 5º de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo impone un recargo al empleador para los supuestos en que se produzca, en el ámbito del trabajo, un infortunio laboral tanto como consecuencia del incumplimiento de la normativa de higiene y seguridad como del Plan de Mejoramiento suscripto;

Que conforme al artículo 33, inciso 3, apartado a) de la Ley Nº 24.557, las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad quedan incorporadas a la misma ley;

Que el artículo 36, apartado 1, inciso c), de la Ley Nº 24.557, faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a aplicar las sanciones previstas en ella;

Que el Decreto Nº 334/96 prevé la aplicación de la Ley Nº 18.694 para los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de los empleadores no afiliados a una Aseguradora, ni incluidos en el régimen de autoseguro;

Que todo ello hace necesario establecer el procedimiento aplicable para la comprobación y juzgamiento de dichos incumplimientos, a fin de dar sustento eficaz a los objetivos de la Ley Nº 24.557;

Que corresponde asimismo, aplicar este procedimiento al empleador autoasegurado en cuanto no cumpla con las obligaciones que le corresponden en su carácter de empleador;

Que se considera pertinente, a fin de agilizar los trámites administrativos, establecer un mecanismo que permita agotar el procedimiento sancionatorio mediante la cancelación voluntaria de una suma de dinero previamente estimada al efecto, sin que ello implique afectar disposiciones legales vigentes;

Que a tal fin se tiene en cuenta el margen de discrecionalidad que otorgan las normas sancionatorias y las circunstancias propias de la actuación administrativa;

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos de los empleadores y empleadores autoasegurados a la Ley Nº 24.557 y normas de higiene y seguridad, conforme lo dispuesto en el ANEXO I, el que forma parte en un todo de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Artículo 1º.-. La comprobación y el juzgamiento de las infracciones de los empleadores y empleadores autoasegurados, en cuanto no se relacionen con su operatoria como aseguradoras, que se configuren por incumplimiento a las normas sobre riesgos del trabajo y de higiene y seguridad se realizará en todo el territorio de la Nación conforme al procedimiento estipulado en el presente.

La competencia para la sustanciación del procedimiento sancionatorio será de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) o de las autoridades provinciales si se hubiere suscripto convenio al efecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nº 24.557.

Artículo 2º.- El procedimiento se instruirá e impulsará de oficio o por denuncia escrita formulada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o ante las autoridades provinciales, si se hubiere suscripto convenio al efecto.

Artículo 3º.- Las denuncias deberán reunir los siguientes requisitos:

a) La relación circunstanciada de los hechos que se reputen constitutivos de la infracción.

b) El nombre, domicilio y demás datos de identidad de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, en cuanto fuere posible.

c) La indicación de las circunstancias que pudieren conducir a la comprobación de los hechos denunciados, en cuanto fuere posible.

d) Nombre y domicilio del denunciante.

e) Todo otro que establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Toda vez que los inspectores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o de las autoridades provinciales que hubieren suscripto convenio, verifiquen la comisión de infracciones, siempre que resulte procedente, labrarán acta circunstanciada, la que hará fe mientras no se pruebe lo contrario.

A los mismos fines y con iguales efectos, cuando existan evidencias de la comisión de infracciones, la dependencia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o el funcionario competente que tuviere conocimiento de las mismas, deberá formular dictamen acusatorio circunstanciado.

Artículo 5º.-. En la confección del acta de infracción se consignarán las siguientes circunstancias:

a) Lugar, día y hora en que se efectúa la verificación.

b) Identidad del presunto infractor, si fuere posible determinarlo.

c) Descripción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida.

d) Indicación de las personas que se hallen presentes en el acto y del carácter que invocan.

e) Firma del inspector actuante, con aclaración de nombre y apellido.

Artículo 6º.- En base a la denuncia, acta de infracción o dictamen acusatorio circunstanciado se dispondrá:

a) Ordenar la ampliación de la investigación en aquellos aspectos que se considere necesario. A tal fin se podrá disponer la realización de nuevas verificaciones o la ampliación de las ya realizadas, y en general, dictar toda providencia que permita salvar insuficiencias, omisiones o errores de trámite o de constatación.

b) La desestimación de la denuncia cuando los hechos investigados no configuren infracción, ó

c) La apertura del sumario.

El sumario tramitará por ante la Subgerencia de Asuntos Legales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o ante las autoridades provinciales con las que se suscriban convenios al efecto, quienes podrán requerir la intervención de todas las dependencias que integran la estructura orgánica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en tanto se cuestione un tema de su incumbencia.

Artículo 7º.- En el despacho que ordene la apertura del sumario, o mediante resolución posterior se fijará audiencia para que el imputado formule aquellos descargos que estime convenientes y ofrezca la prueba, a cuyo efecto será citado con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles administrativos, mediante despacho telegráfico, colacionado, cédula de notificación o carta documento. Serán de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 18.695.

Artículo 8º.- La citación prevista en el artículo anterior comprenderá, además y al solo efecto de lo dispuesto en el siguiente párrafo, la estimación provisoria de la multa, y en su caso, del recargo previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 24.557.

El imputado podrá optar por el pago voluntario del sesenta por ciento (60%) de los importes así estimados hasta el momento de la audiencia fijada en virtud del auto de apertura del sumario y siempre que acredite el cumplimiento actual de las obligaciones que motivaran la apertura del sumario. En el caso de las multas, el monto a pagar no podrá ser inferior al mínimo que pudiere corresponder por el hecho de que se tratare.

El pago se efectuará a través de una entidad bancaria habilitada al efecto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y deberá acreditarse en los actuados acompañando la correspondiente boleta de depósito, en cuyo caso se procederá al archivo de las actuaciones.

A los fines de determinar la estimación provisoria tanto de la multa como del recargo, las Aseguradoras, en oportunidad de cumplir su obligación de denuncia a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de los siniestros acaecidos, deberán informar a este organismo o a la autoridad provincial en su caso, las causas que dieron lugar a su producción y cualquier otra circunstancia conducente a determinar la gravedad del incumplimiento.

La Subgerencia de Asuntos Legales podrá omitir las disposiciones del presente artículo por causa debidamente fundada.

Artículo 9º.- La primera notificación, citación o emplazamiento, deberá contener la transcripción del auto de apertura del sumario o copia del mismo y dirigirse al domicilio que surja de las constancias existentes en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el que se considerará válido a esos efectos.

En la primera actuación el empleador constituirá domicilio en la Capital Federal o en el radio urbano donde tramiten las actuaciones, el cual subsistirá a los efectos de todas las notificaciones mientras no se constituya uno nuevo.

Artículo 10.- La instrucción sumarial no podrá durar más de sesenta días (60) días. Recibido el descargo o vencido el plazo para hacerlo y producida la prueba, o vencido el plazo para producirla, se elaborará dictamen jurídico sugiriendo la condena o absolución del imputado y en los casos que corresponda, el monto de la multa.

A estos fines, la Subgerencia de Asuntos Legales o la autoridad provincial a quién se hubiera encomendado la instrucción de las actuaciones, podrán pedir opinión a los departamentos competentes según el tipo de incumplimiento a que ellas se refieren.

Concluido el trámite las actuaciones serán elevadas al Superintendente de Riesgos del Trabajo, para el dictado de la resolución definitiva.

Artículo 11.- La resolución definitiva deberá:

a) Condenar o absolver a los imputados fijando, en su caso, la multa correspondiente.

b) Imponer si correspondiere, el recargo por incumplimiento previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 24.557.

La resolución será notificada al imputado y a quienes hayan sido denunciados como responsables, personalmente, por cédula o carta documento dirigida al domicilio constituido o al que corresponda por aplicación de lo dispuesto en artículo 9º, con transcripción de la parte dispositiva.

Artículo 12.- La resolución que imponga las sanciones podrá ser apelada previo pago de las multas y recargos en el expediente, dentro de los tres (3) días de notificada.

El recurso se interpondrá ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y deberá ser debidamente fundado. Las actuaciones serán remitidas dentro del décimo día hábil administrativo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Artículo 13.- Los importes resultantes de las multas y recargos se deberán hacer efectivos de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la ley Nº 24.557.

Artículo 14.- La falta de pago de los importes correspondientes a las multas y recargos impuestos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dentro del plazo de cinco días de quedar ejecutoriado el acto por el que se hubieren fijado sus importes, quedará expedita la acción judicial a cuyo fin será suficiente título el testimonio de la resolución condenatoria que expida la Subgerencia de Asuntos Legales.

Artículo 15.- Supletoriamente y en lo que resulte de aplicación se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 18.695.